El Partido
Popular de Lliçà d’Amunt lamenta que el actual gobierno municipal haya cedido
la finca de Can Malé, de forma gratuita, al Consorcio Catalán de la Cerveza
Artesana. Como todas las operaciones urbanísticas que está llevando a cabo este
gobierno, la firma del convenio de cesión de ha producido de forma totalmente
inesperada y sin previo aviso.
Desde el
Partido Popular consideramos inadmisibles toda la serie de irregularidades que
derivan del proceso para aprobar el convenio.
Biokit dejará
Can Malé a principios de año y serán los ciudadanos quienes deberán decidir los
usos futuros de la finca en un proceso participativo. Pero el convenio se ha
aprobado a toda prisa y sin concretar detalles. Por ejemplo, en el borrador que
nos presentaron, costaba como justificación de la cesión, entre ella, la
producción de cerveza, pero no tenemos claro de que lo que se recaude de la
“producción de cerveza”, sea solo con fin no lucrativo, tal como aseguran.
Desde el PP
creemos que sería factible arrendar alguna nave de Can Malé a empresas o
instituciones que aprovechen el espacio en vez de desprenderse de las
instalaciones de forma totalmente gratuita.
Por otra
parte, existe un proceso participativo de los vecinos del pueblo para
determinar el uso que se le dará a Can Malé a partir de 2018. Este hecho es
totalmente incompatible con el convenio mientras no se aclare cuál será el uso
definitivo de la finca, que tiene que ser consensuado con los vecinos y
entidades de nuestro pueblo. Además, con este convenio se cierra la vía a
cualquier otra iniciativa que pueda surgir de aquí hasta el próximo año de
2018.
¿A qué se
deben estas prisas para aprobar un convenio exprés? ¿No sabe este gobierno
municipal que los responsables de sus decisiones recaen sobre ellos? ¿Cómo
puede decidir dicho gobierno sobre el
futuro de unas instalaciones y terrenos que son hoy en día propiedad de todo el
pueblo?
El Partido
Popular, la única voz de la oposición en Lliçà d´Amunt, porque así lo
decidieron el resto de grupos al firmar un pacto que sólo sirve para cobrar
unas gratificantes retribuciones del ayuntamiento, nos eximimos de las
consecuencias que puedan derivar de esta decisión. Nos preguntamos, ¿a quién
beneficia toda esta operación?
